«En Argentina persisten barreras a los derechos sexuales y reproductivos»
El octavo informe anual de monitoreo sobre el acceso a los derechos sexuales en la Argentina (2011), realizado por el Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (CoNDeRS) concluyó que, a pesar de registrar una mejora respecto a años anteriores en el funcionamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR), aun existen graves barreras para que la población acceda a sus derechos sexuales.
El informe es el resultado de un seguimiento realizado por organizaciones de la sociedad civil que coinciden en que la situación es dispar en todo el país. “La calidad de la atención y los servicios dependen del lugar donde se atiendan los y las usuarias, y de la voluntad del profesional a cargo», afirman.
El monitoreo destaca, entre las principales preocupaciones, que los servicios públicos de salud de algunas jurisdicciones no proveen métodos anticonceptivos y niegan la atención a adolescentes que asisten sin una persona adulta, pese a que la ley no contempla este requisito.
«La atención a adolescentes debe ser prioritaria considerando los altos índices de embarazos y maternidad en esta población, y la falta de implementación de la educación sexual integral», señalan.
El CoNDeRS está compuesto por organizaciones de mujeres, Derechos Humanos y jóvenes. Desde hace ocho años monitorea y sistematiza -en todo el país- la aplicación de la Ley Nacional 25.673.
“El escenario, respecto a los inicios del programa en el año 2003, ha cambiado. Actualmente no se discute si hay que dar, o no, anticonceptivos. Los campos de batalla son otros: el acceso a la anticoncepción hormonal de emergencia, la anticoncepción quirúrgica y al aborto no punible”, opinan.
El organismo resaltó la ausencia de mecanismos para que los y las usuarias puedan denunciar vulneraciones a sus derechos sexuales y reproductivos, con algunas excepciones (Ituzaingó, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero).
A partir de los problemas detectados, se realizaron distintas acciones -administrativas, judiciales, políticas y comunicacionales-, como pedidos de información pública, entrevistas a funcionarios y legisladores, sensibilización, capacitación de personal de salud y mayor presencia en medios de comunicación, entre otros.
